Chetumal.-Paula González Cetina, ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) presentó una demanda contra el Estado de Quintana Roo por la actividad irregular que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como el Poder Judicial del Estado, y con ello buscar sean condenados a la reparación del daño luego de que dichas instancias realizaron acciones irregulares para imputar y sentenciar por el delito de peculado.
De acuerdo con lo dado a conocer por el representante legal de la ex funcionaria, Baldomero Mendoza López, en el proceso legal se dieron irregularidades como la investigación y acusación arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada realizada en contra de Paola Gonzales por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Además, la exposición y exhibición de culpable ante la sociedad de Quintana Roo y de todo el país (incluso hacia el extranjero), que realizó en contra de la ex funcionaria la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la ilegal resolución del auto de vinculación a proceso por el Juez de Control Gonzalo Miguel Segovia Herrera y que se caracterizó por su falta de competencia, imparcialidad e independencia.
De igual manera se realizó de manera ilegal la sentencia de primera instancia resuelta por Eduardo Del Valle García, quien integró el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo que se caracterizó por su falta de competencia, imparcialidad e independencia.
Ante estas violaciones por parte de las autoridades de justicia del Estado, Paola Gonzales y sus abogados recurrieron al Poder Judicial de la Federación, instancia que determinó que nunca se cometió el delito de Peculado y que los juzgadores de Quintana Roo emitieron criterios de carácter subjetivo sin fundarlos ni motivarlos.
Lo grave del caso es que Paola González Cetina estuvo recluida en el Centro de Reinserción Social de Chetumal (Cereso) del 02 de enero del 2018 al 24 de abril del mismo año, además de estar más de 8 meses en prisión domiciliaría, situaciones que le generaron daños psicológicos y daño patrimonial debido al gasto en abogados que realizó por un delito que no cometió.
Este sería la primera demanda en contra del poder judicial de Quintana Roo y en contra de las instituciones de impartición de justicia y de la Fiscalía Anticorrupción, la cual fue creado por instrucción de Carlos Joaquín González como un ente de venganza política que ha tenido más errores que aciertos y que sólo ha fungido como una dependencia ha modo que no investiga los actos de corrupción del actual gobierno que ha desviado miles de millones de pesos del erario.
