Chetumal. – El «teatro» de las denuncias presentadas en su momento por el gobierno de Quintana Roo para satisfacer venganzas políticas del gobernador, Carlos Joaquín González, toma un nuevo giro que podría revertirse en su contra tras acusaciones que no fueron solventadas de manera legal.
Tal es el caso de, Paula González Cetina, la ex directora de Capa en el gobierno de Roberto Borge Angulo, quien presentó una demanda por daño por responsabilidad patrimonial en contra del gobierno del Estado, así como magistrados y jueces del Poder Judicial e incluso podría fincarse responsabilidades contra la fiscal especializada en combate a la corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo.
Todo ello ante el Tribunal de Justicia Administrativa presentada este lunes por la afectada, Paula González Cetina, quien en su momento fue acusada por el presunto delito de peculado por más de mil 55 millones de pesos; sin embargo tras pasar varios meses en prisión recluida en el cereso y luego en su domicilio, finalmente fue absuelta al no haber elementos que sostengan la denuncia presentada.
Tras ganar la batalla legal y su liberación, Paula González Cetina, ahora inició un juicio contra quienes la acusaron y dañaron moralmente y en su patrimonio, por lo que tras analizar la situación presentó la demanda respectiva.
Según algunos datos dados a conocer, entre las personas demandadas están la fiscal especializada en combate anticorrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, los jueces, Gonzalo Miguel Segovia Herrera y Eduardo del Valle García así como el magistrado de la cuarta sala especializada, Felipe de Jesús Solís Magaña quien en su momento confirmó la sentencia obtenida de un proceso irregular según denunció la afectada.
Tal acción legal, vierte por la afectación económica, psicológica y demás generada por la denuncia penal que la ahora denunciante vivió desde el 2018 cuando fue detenida y recluida en el cereso de Chetumal, hasta su absolución por el tribunal colegiado el año pasado.
El abogado, Baldomero Mendoza señaló que dentro de las acciones realizadas por la fiscalía especializada en combate a la corrupción, fue difundir de manera dolosa información contra Paula González tras haberse emitida una primera sentencia, sin que hubiese concluido todo el proceso legal que al final resultó en una condena absolutoria del delito de peculado.
