Denuncian elementos de la corporación.
Chetumal.-En un documento hecho llegar al gobernador, Carlos Joaquín González y a la XVI Legislatura, elementos de la Subdirección de la Policía Procesal de Quintana Roo denunciaron que por nepotismo y compadrazgos la corporación fue desmantelada por su actual titular Sídney Saraí Pérez Aguilar, quien ha sustituido a los mandos en el sur y norte de la entidad para colocar a familiares y compadres, desplazando a los elementos que fueron seleccionados por su perfil y a quienes se capacitó para desempeñar la labor de traslados.
En el escrito, los demandantes mencionaron que la comandante segunda, Sídney Saraí Pérez Aguilar aprovechando su amistad con el subdirector de Seguridad Pública, Jorge Alejandro Ocampo Galindo, desplazó al anterior director Carlos Lázaro Caraveo Vázquez y lo envió a la zona norte, pero poco tiempo después lo destituyó y lo envió a las fuerzas operativas.
Luego de este movimiento, relatan, ha relevado a otros diez elementos para dar cabida a sus familiares y compadres como son su cuñado Guillermo Alejandro Azueta Marín y su compadre Raúl Cornelio Nájera Puc.
Agregaron que otra irregularidad que se está dando es con Lizbeth Hortensia Hernández López, comandante encargada del grupo de traslados de la Policía Procesal, esta persona al tener toda la confianza de la comandante Sídney ha hecho y deshecho a su parecer, dándole preferencia a sus allegados, como lo son su pareja sentimental Josué de Jesús Cervantes Ortega y su comadre María de Lourdes Rodríguez López, estas dos personas también fueron agregados a esta área por parte de la comandante Sídney Saraí Pérez Aguilar.
Cabe recordar que el 17 de marzo de 2017, el gobernador Carlos Joaquín entregó reconocimientos y equipamiento táctico a los elementos de la Policía Procesal al ponerla en marcha, desde ese entonces, el 80% por ciento de su personal contaba con licenciatura en Seguridad Pública, Derecho y Psicología.
Esta agrupación participa en acciones de seguridad durante los procesos judiciales en salas y traslados de acusados, imputados o sentenciados.
Los manifestantes, piden al Gobernador investigar lo denunciado y corregir el rumbo del agrupamiento, ante el riesgo de fuga de reos que se vislumbra al manejar a la corporación anteponiendo los intereses personales al perfil y capacitación de los elementos que lanzaron a patrullar a las calles.
