Mercancías ilegales incluso tráfico de drogas y personas son hechas por autoridades.
Chetumal.- El tráfico de influencias, impunidad e incluso la sospecha de nexos con la delincuencia organizada que “opera” en el aeropuerto internacional de Chetumal, van saliendo a la luz pública tras una serie de denuncias hechas que incluye no solamente a autoridades en materia de seguridad sino también a funcionarios públicos.
Datos relevan que la empresa de Autotransporte del Estado de Quintan Roo S.A. de C.V. ahora está en manos de un grupo de personas que están coludidas con la delincuencia: Jorge Alberto Freyre Reinhartd (alias el “Diablo” y Sergio Frías Addineth quienes apoyados por el notario público número 55, Enrique Alejandro Alonso Serrato, de manera fraudulenta lograron validar una acta apócrifa para quedar frente a este corporativo desde el pasado 25 de marzo del presente año.
Pero la historia de delitos de los presuntos propietarios de esta empresa van más allá de las acciones que actualmente realizan; el “Diablo”, tiene más de 18 denuncias penales por apropiarse de tierras nacionales por más de mil 800 hectáreas en las localidades de Mahahual, Canan, Río Indio y Ejido Veracruz apoyado por su ex cuñado Sergio Frías ayudado por el licenciado Joaquín Castro López que labora en el juzgado segundo penal.
Otro de los coludidos con estas personas es Juan Manuel Cazares Salazar quien era empleado se Sagarpa pero por constantes
acosos sexuales a sus compañeras fue dado de baja y ahora se dedica a apoyar las acciones ilícitas de sus amigos.
Aunque la empresa Autotransporte del Estado de Quintan Roo S.A. de C.V. pretende monopolizar el servicio en el aeropuerto de Chetumal pese a ser pésimo y recurre a constantes acciones ilícitas como el tráfico de objetos; su principal objetivo es la terminal aérea de Cancún donde han instalado una red de corrupción donde que participan policías federales e incluso autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como el delegado en la entidad, Francisco Elizondo Garrido.
La “toma de la empresa” logró consolidarse por el apoyo del notario público hijo de Enrique Alonso Alcocer actual funcionario de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y validado por la delegada del Registro Público de la Propiedad María Eugenia Cen Sánchez; incluso se presume que recibieron fuertes sumas de dinero para hacer caso omiso a estas ilegalidades.
La historia de corrupción y delincuencia sigue al grado de haber elementos de la Policía Federal que opera en los aeropuertos de Chetumal y Cancún para realizar todo tipo de tráfico de objetos ilegales, incluso personas y drogas; por este motivo, insertan como socios a estas personas para que puedan incluir sus vehículos para ofrecer el servicio y con esto llevar a cabo todo tipo de actos ilícitos.
En esta cadena de corrupción está incluido también personal de la Procuraduría de Justicia, como el agente del ministerio público, Jorge Manuel Saury Ramírez así como Abraham Loeza Ortiz, juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal y demás personas a su cargo. También están coludidos en la firma del acta apócrifa para apoderarse de la empresa transportista y usarlos en actos ilegales Jenaro Tinoco Monroy quien fuera jurídico de la Policía Federal
de Cancún y su esposa Patricia Mejía Manríquez.
El eslabón encargado de la operación de los taxistas piratas en el aeropuerto de Cancún es Carlos Ariel Carranza Manzanero quien coludido con el coordinador de la PFP en la entidad, David Álvarez Cervera dedicado hacer cosas ilícitas en el estado, personas e incluso existe de la sospecha de nexos con la delincuencia organizada para pasar estupefacientes.
Según la fuente, el objeto principal de esta mafia del transporte es lograr la operación total de sus unidades en la terminal aérea de Cancún y de esa manera tener un amplio “mercado” apoyados por autoridades de la PFP y del jefe de transporte federal de ese polo turístico Enrique Sergio Ocampo León.
A pesar de las serie de denuncias, incluso ante las autoridades de la Secretaría de Hacienda federal porque no entregan recibos oficiales, la
protección de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y funcionarios públicos los ha permitido operar en la clandestinidad desde hace más de un año sin que ejerza ninguna acción legan en su contra.
